La piedra angular de la nueva Constitución es, sin duda, el artículo 1, que presenta, inmediata e inequívocamente, los principios regulativos del sistema político marroquí en su nueva configuración: “Marruecos es una monarquía constitucional, democrática, parlamentaria y social, fundada en la separación y equilibrio de los poderes. El régimen constitucional del Reino se funda en la separación, equilibrio y colaboración de los poderes, así como sobre la democracia ciudadana participativa, y sobre los principios de la buena gobernanza y la vinculación de la responsabilidad a la rendición de cuentas”, párrafo 1.

Coronada con sus doce siglos de arraigo y legitimidad histórica, la monarquía en Marruecos podría enorgullecerse con razón, de una ascendencia real a través de la vida pública nacional en dos dimensiones, temporales y espirituales. Esto demuestra el importante papel de esta institución a lo largo de las ocho dinastías que se sucedieron en Marruecos, de Idrissidas a los alauitas.

Hoy en día, si esta función ha sido enfatizada y codificada en las Constituciones de 1962, 1970, 1972, 1992 y 1996 de diversas maneras, ahora es cuestión en la nueva Constitución de 2011, una Monarquía ciudadana, garante de los fundamentos de la nación. De ahí, por lo tanto, esos dos elementos clave en la carta magna, tienen un contenido muy significativo:

– La eliminación de cualquier referencia a la santidad de la persona del Rey, sustituyéndola por un concepto más moderno, el de la inviolabilidad y el respeto debido al soberano, (artículo 46).

– La distinción explícita y detallada de los poderes del Rey como Comendador de los Creyentes (Emir al muminin), a cargo de los asuntos religiosos (artículo 41) y como Jefe del Estado, símbolo de la unidad nacional y territorial, asegurando misiones de arbitraje, garante de la elección democrática y los intereses fundamentales del país (artículo 42).